Constitución Política de Colombia 2021

28 de noviembre de 2020
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PREÁMBULO

La Constitución de la República de 2021 está fundamentada en el ideal de tener una democracia en la que prevalezcan el empoderamiento ciudadano y los derechos fundamentales, pero también está enfocada en una idea más centralizada del poder. Resaltamos los derechos y la participación de los diversos grupos étnicos y sus derivados a partir del cumplimiento del deber por parte de los representantes elegidos por el pueblo. Todo esto en defensa de la razón, la verdad, la ciencia y el pensamiento libre.

TÍTULO I

CAPÍTULO 1. DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES

Artículo 1: Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, semi-centralizada, que toma en cuenta de igual manera la autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista. Se funda en el respeto de los derechos humanos y de la naturaleza, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general y la soberanía del pueblo de forma directa o por medio de sus representantes.

Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes (siempre y cuando estos bienes hubieran sido adquiridos de manera legítima), creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.

Artículo 3: La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales. Es deber de los nacionales y de los extranjeros en Colombia acatar la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades. Sin embargo, estas disposiciones son modificables únicamente bajo la revisión consensuada de los diferentes actores y la rama legislativa.

Artículo 4: El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Sin embargo, los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.

Artículo 5: El Estado reconoce y protege la diversidad étnica, cultural y lingüística de la nación colombiana, permitiendo la inclusión de otras culturas e idiomas siempre y cuando se delimite y mantenga por encima la protección de nuestra cultura e idioma autóctonos. También se reconoce y protege la fauna y flora como un recurso de suma importancia.

Artículo 6: Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia. De igual manera, la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe.

TÍTULO II:

CAPÍTULO 1. DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 7: El derecho a la vida es inviolable. Se garantiza el derecho a la honra a todas las personas, y este se extenderá a cualquier animal u objeto jurídico al que se considere digno de recibirlo ante la ley. Además, la ley señalará la forma de su protección y podrá ser defendida por cualquier individuo o comunidad bajo los marcos de la ley. Nadie será sometido a ningún tipo de acto en contra de su integridad física o social o a cualquier forma de separación forzada de cualquier tipo de sociedad.

Artículo 8: Ningún ser humano, animal, recurso natural, objeto o sitio parte del patrimonio nacional será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Artículo 9: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.

Artículo 10: Cualquier objeto, recurso natural, animal, parte del patrimonio nacional o persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 11: Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. El Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial en los casos y con las formalidades que establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley.

Artículo 12: Quien estuviere privado de su libertad y creyere estarlo ilegalmente o fuese testigo de este tipo de actos aplicados a cualquier ser vivo tiene derecho a invocar ante cualquier autoridad judicial, en todo tiempo, por sí o por interpuesta persona, el Habeas Corpus, que debe resolverse en el término de treinta y seis horas.

Artículo 13: Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único.

Artículo 14: Nadie podrá ser obligado a declarar o actuar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Artículo 15: Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente mientras actúen bajo los marcos de la ley y no atenten contra la seguridad física o mental de aquellos participantes o externos a la congregación ni actúen en contra de la dignidad de un grupo o persona.

Artículo 16: Todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Para hacer efectivo este derecho puede:

  • Elegir y ser elegido.
  • Tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática.
  • Constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, así como formar parte de ellos libremente y difundir sus ideas y programas.
  • Revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley.
  • Tener iniciativa en las corporaciones públicas.
  • Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley.
  • Acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos que, por nacimiento o por adopción, tengan doble nacionalidad. La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos en los cuales ha de aplicarse.

Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública.

Artículo 17: Todas las personas tienen el derecho al libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de religión y la posibilidad de expresar y difundir cualquier ideal que no esté en contra de los derechos fundamentales, además de la posibilidad de recibir de forma imparcial y veraz las ideas de los otros.

Artículo 18: Se garantiza el derecho a la honra a todas las personas. Este se extenderá a cualquier animal u objeto jurídico al que se considere digno de recibirlo ante la ley. Además, la ley señalará la forma de su protección y podrá ser defendida por cualquier individuo o comunidad bajo los marcos de la ley.

Artículo 19: La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.

Artículo 20: El trabajo es un derecho y una obligación social, y goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social.

Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles.

Artículo 21: El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra

Artículo 22: El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso

CAPÍTULO 2. DE LOS DERECHOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES

Artículo 23: Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.

Artículo 24: En caso de guerra y solo para atender a sus requerimientos, la necesidad de una expropiación podrá ser decretada por el gobierno nacional con una fuerte argumentación. El Estado será siempre responsable por las expropiaciones que el gobierno haga por sí o por medio de sus agentes.

Artículo 25: El Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.

Artículo 26: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

Artículo 27: La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario con el propósito de incrementar la productividad.

Artículo 28: El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Debe ser gratuita, de fácil acceso a toda la comunidad y debe cumplir ciertos requisitos mínimos que garanticen un buen nivel educativo a los estudiantes.

Artículo 29: Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, así como garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.

Artículo 30: La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica bajo el criterio de la institución educativa en la que trabajen. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.

Artículo 31: Los padres tendrán libertad para escoger el tipo de educación que recibirán sus hijos siempre y cuando no limite el desarrollo de su identidad. La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado.

Artículo 32: El Estado debe garantizar el buen desarrollo de la educación superior. Fortalecerá la investigación científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su desarrollo. Además, facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.

Artículo 33: El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.

Artículo 34: Se debe garantizar la libertad e independencia profesional y de expresión en todos los medios artísticos y culturales tales como periodismo, arqueología, ciencias, tecnología, y se garantizará la protección por parte del Estado a todos los medios artísticos que además aportarán al desarrollo socioeconómico y cultural de la nación.

Artículo 35: El estado debe garantizar la diversidad de contenido en los diferentes tipos de telecomunicación, que deben ser regulados por una entidad autónoma del orden nacional sujeta a un régimen propio.

Artículo 36: La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de dos personas de cualquier sexo o género de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral a cualquier tipo de familia y se encargará de garantizar el cumplimiento de sus derechos y deberes, y el de cada uno de sus integrantes por igual.

Las formas de matrimonio o unión, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de sus integrantes, y la separación y disolución del vínculo se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos están sujetos en toda instancia a la ley civil.

Artículo 37: La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de este subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

Artículo 38: Se deben garantizar especialmente los derechos fundamentales de los niños. Serán protegidos contra cualquier tipo de incumplimiento de dichos derechos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

Artículo 39: La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de los derechos, la protección e integración de todas las personas sin importar su edad o condición.

El Estado se encargará de garantizar a toda la comunidad, en especial a personas vulnerables, el acceso a la seguridad social. Todo debe ser determinado por la ley.

Artículo 40: El Estado debe estar a cargo del buen funcionamiento de los servicios públicos como la salud y el saneamiento ambiental (la ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria); de garantizar una vivienda digna; de garantizar el acceso a la recreación; de establecer trabajos dignos con una remuneración oportuna y con contratos que cumplan con los derechos de las personas. Habrá garantías para todas las personas en relación con estos derechos.

Artículo 41: Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social surgieran conflictos con los derechos de los particulares en relación con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social.

CAPÍTULO 3. DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE

Artículo 42: La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público o a las organizaciones de consumidores y usuarios en su comercialización.

Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización atenten contra la salud, la seguridad, y el aprovisionamiento de consumidores y usuarios.

Artículo 43: Todas las personas tiene derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Es el deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

Artículo 44: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. En caso de necesidad y pertinencia geográfica, cooperará con otras naciones para esto. Además, deberá prevenir y controlar el deterioro ambiental, imponer sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.

Artículo 45: Queda prohibida toda acción que involucre armas químicas, biológicas y nucleares, así como la entrada al país de desechos nucleares o tóxicos. El Estado regulará el ingreso y la salida del país de los recursos genéticos y su utilización de acuerdo con el interés nacional.

Artículo 46: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al bien común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Las entidades públicas, supervisadas por el Estado, participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y el espacio aéreo.

Artículo 47: El correcto cumplimiento de los artículos de este capítulo será prioritario para el Estado por sobre la industria o los intereses privados.

CAPÍTULO 4. DE LA PROTECCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS DERECHOS

Artículo 48: Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas.

Artículo 49: Cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio.

Artículo 50: Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22.

Artículo 51: Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.

Artículo 52: Toda persona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. En caso de prosperar la acción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento del deber omitido.

Artículo 53: La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses. También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. Así mismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos.

Artículo 54: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este.

Artículo 55: En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad a la gente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden.

Artículo 56: Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia.

Artículo 57: La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos.

CAPÍTULO 5. DE LOS DEBERES Y OBLIGACIONES

Artículo 58: La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes.

Son deberes de la persona y del ciudadano:

  • Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios.
  • Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas.
  • Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales.
  • Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica.
  • Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país.
  • Propender al logro y mantenimiento de la paz.
  • Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia.
  • Los ciudadanos deberán proteger los recursos naturales del país, velar por la conservación de un ambiente sano y la recuperación de los daños ya efectuados reduciendo su huella de impacto lo mayor posible.
  • Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad.
  • Los ciudadanos deberán respetar y velar por la igualdad, independientemente de las características de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica y orientación sexual.

TÍTULO III

CAPÍTULO 1. SOBRE LA REGULACIÓN DE LAS RAMAS DEL PODER PÚBLICO

Artículo 59: Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración. El Congreso de la República, estará integrado por el Senado y la Cámara de Representantes.

Siguiendo con nuestra idea de potenciar la economía del país, queremos que en el Congreso haya otro organismo que se centre en crear leyes que promuevan el progreso y el desarrollo de la economía en Colombia. Este organismo se llamaría Cámara Económica y su rol sería verificar y debatir aquellas leyes que afecten la economía del país, así como crear ellos mismos leyes que puedan potenciarla. Los integrantes de esta Cámara serán aquellas personas que se especialicen en el ámbito económico en el país y serán elegidas por departamento, es decir, de la misma forma que son escogidos los integrantes de la Cámara de Representantes. De esta manera el país se podrá dirigir de manera más acertada hacia el desarrollo, puesto que se organizará el uso de los recursos y bienes nacionales sin interés político centralizado.

Artículo 60: La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la Fiscalía General de la Nación, los tribunales y los jueces administran justicia. También lo hace la justicia penal militar. El Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales. Excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Sin embargo, no les será permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos. Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley.

Artículo 61: Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio.

Adicionalmente, también serán trabajadores públicos todos aquellos que están trabajando para empresas privadas, normalmente extranjeras, que tengan un contrato especial con el gobierno. De esta manera el gobierno tendrá mayor control sobre los empleados y los trabajos que se estén llevando a cabo. Así no se saltarían tan fácil los contratos acordados y se trabajaría el sector que la empresa tiene a cargo de una manera mucho más eficiente debido al control del Estado.

Artículo 62: Los servidores públicos no podrán aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales, ni celebrar contratos con ellos sin previa autorización del gobierno.

la Cámara Económica tiene la autoridad de regular las interacciones y posibles contratos económicos con autoridades internacionales y gobiernos extranjeros garantizando decisiones más acertadas y acordes a la realidad nacional tomadas por las mayores autoridades en el tema dentro del país.

TÍTULO IV

EQUIDAD E IGUALDAD EN LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

CAPÍTULO 1. DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Artículo 63: Cada uno de los ciudadanos colombianos, incluidas las minorías tanto políticas, como económicas y por ende sociales, tiene el mismo derecho a participar en la toma de decisiones que afecten al país. Cada una de las decisiones debe ser aplicada para cada uno de los ciudadanos. Son mecanismos para dicha participación el voto, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los legitimará.

Artículo 64: El presidente de la República, con la firma de todos los ministros y la aprobación de todos los participantes del Senado de la República que representen a cada uno de los partidos políticos, tiene la obligación de consultar al pueblo para cada una de las decisiones de trascendencia nacional y pública en aspectos políticos, económicos y sociales. Cada uno de los ciudadanos tiene el derecho de participar en cada una de las decisiones que afecten al pueblo; en caso de que la mayoría no esté de acuerdo se debe replantear la decisión.

CAPÍTULO 2. DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Artículo 65: Para garantizar la democracia en el interior de los partidos, en caso de que algún miembro de un partido haga una denuncia frente a las dinámicas poco democráticas dentro de este, el Estado podrá intervenir para proteger la democracia como pilar de la nación.

Artículo 66: Para garantizar la igualdad de condiciones y evitar la corrupción en las campañas electorales el Estado será el encargado de financiarlas dando recursos de forma equitativa a los partidos o grupos participantes. Se creará una entidad especializada para controlar, definir y denunciar los topes de las campañas electorales. Por medio de este sistema se hará seguimiento real a las distintas campañas, asegurándose el origen de los ingresos, el tope de dinero permitido y el destino del dinero utilizado.

Artículo 67: Se garantiza a todos los nacionales el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos, y la libertad de afiliarse a ellos o de retirarse cuando lo deseen siempre y cuando cumplan con los acuerdos establecidos con su respectivo partido. También se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse y a participar en eventos políticos.

Artículo 68: El Consejo Nacional Electoral reconocerá personería jurídica a los partidos o movimientos políticos que se organicen para participar en la vida democrática del país cuando comprueben su existencia con no menos de cincuenta mil firmas. Para garantizar que el partido se compromete con sus ciudadanos, no solo ideológicamente, este estará obligado a prestar servicio comunitario.

CAPÍTULO 3. DE LA OPOSICIÓN

Artículo 69: Toda persona residente o nacional de Colombia tiene derecho a dar su opinión respecto a la gestión de los servidores públicos siempre y cuando esta se centre en sus acciones como servidores del pueblo y no en su persona.

TÍTULO V

CAPÍTULO 1. DE LA RAMA LEGISLATIVA

Artículo 70: El Congreso pleno, las Cámaras y sus comisiones no podrán abrir sesiones ni deliberar con menos del 60% de sus miembros priorizando una cantidad impar. Las decisiones solo podrán tomarse con la asistencia de la mayoría de los integrantes de la respectiva corporación, salvo que la Constitución determine un quórum diferente.

Sobre las facultades de las cámaras, los miembros de la policía de las Cámaras deben ser elegidos por la rama judicial y ejecutiva y no por las mismas cámaras, pertenecientes a la rama legislativa.

Artículo 71: Todos los miembros de las corporaciones públicas de elección popular tendrán suplentes. En caso de que los titulares sean condenados por cualquier delito, automáticamente abandonarán su cargo, cumplirán con su respectivo castigo (sin derecho a fianza en caso de ser cárcel) y los reemplazará el suplente.

Artículo 72: No podrán ser congresistas quienes no hayan cursado estudios universitarios certificados en mínimo dos carreras de carácter contribuyente al análisis socioeconómico y político del país o en la formulación de soluciones a los problemas. Además, deberán demostrar dominio en estas áreas (de creación y análisis) a través de productos académicos elaborados previamente.

Por otra parte, cada uno de los candidatos se deberá presentar a un pequeño examen cualitativo para evaluar su reacción frente a diferentes situaciones hipotéticas o reales. Dichas situaciones serán planteadas por expertos politólogos, sociólogos y economistas de Latinoamérica. Finalmente, las respuestas de los candidatos al examen serán expuestas de manera general a la ciudadanía. Es necesaria una evaluación práxica de los candidatos para observar su respuesta a problemas reales o posibles, y así obtener mayor información a la hora de las elecciones.

TÍTULO VI

DE LA RAMA JUDICIAL

CAPÍTULO 1. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 73: El ente encargado de la formación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado será la Escuela Nacional de Magistratura (ENM), la cual organizará los concursos de acceso, la formación profesional de sus alumnos, la formación continua de los magistrados en activo y la formación de futuros magistrados provenientes de otros países que hayan suscrito con Colombia acuerdos de cooperación en tal sentido.

Artículo 74: Para ser magistrado de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se requiere:

  • Ser colombiano de nacimiento o ciudadano de otros países que hayan suscrito con Colombia acuerdos de cooperación.
  • Superar el concurso para acceder a la Escuela Nacional de la Magistratura (ENM), donde luego de adquirir y acreditar la respectiva formación académica obtiene el acceso pleno al cargo de magistrado.
  • No haber sido condenado por sentencia judicial a pena privativa de la libertad, con excepción de delitos culposos, que deben ser revisados nuevamente por la Corte para determinar que no afecten ni influyan en ningún sentido sobre las capacidades actuales del candidato a magistrado y el ejercicio de sus deberes.

CAPÍTULO 2. DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA

Artículo 75: La Corte de Casación es el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria, encargada de aplicar y hacer derecho. Está conformada por consejeros nombrados por decreto del presidente de la República bajo propuesta del Consejo Superior de la Magistratura. Los candidatos serán elegidos principalmente entre los magistrados del orden judicial, algunos profesores de derecho, o abogados. Se encuentra dividida por las salas civil, penal y mixtas.

CAPÍTULO 3. DE LAS JURISDICCIONES ESPECIALES

Artículo 76: Todos los grupos étnicos en Colombia están en potestad de ejercer su autonomía jurídica a través de sus autoridades propias, determinadas por la tradición, que desempeñarán las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Las autoridades externas a las de estas poblaciones solo intervendrán en casos de violaciones a los derechos humanos o contradicciones con la ley nacional.

Parágrafo: El Consejo Nacional de Etnias es una división del Ministerio de Justicia conformada por líderes de las 5 principales etnias del país, así como por los jueces nacionales, que se encargará de resolver los conflictos entre jurisdicciones, de revisar la ejecución de los roles de las autoridades y de ampliar la participación política de estas etnias en el ámbito nacional. Este consejo estará conformado por tres miembros de cada etnia y dos del Estado, quienes para representar a sus grupos deberán hacer parte de las organizaciones representativas de estos, ser elegidos por sus consejos y tener la formación adecuada para ejercer de manera satisfactoria su rol.

Artículo 77: Durante el proceso de asentamiento de la condena o sanción penal en sentencias judiciales no debe ser determinada la carga de un antecedente penal y contravencional en el historial del individuo antes de que se entre a juicio sobre el nuevo caso, que, dependiendo de la gravedad de la falta cometida, podría dar lugar a la prescripción del delito.

Parágrafo: El artículo anterior no aplicaría en casos en que los delitos que se cometen causen conmoción, inestabilidad o desequilibrio en la comunidad (social). En esas circunstancias la Corte estaría obligada a implementar el uso del historial de antecedentes penales para establecer la condena.

TÍTULO VII

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA PÚBLICA

CAPÍTULO 1. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS

Artículo 78: El Estado debe lograr que todas las regiones dispongan de recursos según sus necesidades, de modo que todas las regiones lleguen a un desarrollo que debe ser sostenible. Esto será responsabilidad de cada representante, que debe recoger y reunir las necesidades de su región. El Estado colombiano debe garantizar que todas las regiones del país tengan acceso a internet para propiciar el desarrollo educativo y personal (autónomo) de los habitantes.

CAPÍTULO 2. PLANES DE DESARROLLO

Artículo 79: Habrá un plan de desarrollo que debe estar enfocada en el desarrollo sostenible, privilegiando la protección del medio ambiente y el desarrollo empresarial en la agroindustria. Este plan deberá estar desarrollado por un consejo nacional conformado por un representante de cada región, dando prioridad a las regiones más influyentes económicamente.

CAPÍTULO 3. PRESUPUESTO

Artículo 80: El presupuesto debe construirse en torno al plan de desarrollo teniendo en cuenta y evitando la explotación de los recursos naturales sin dejar a un lado el desarrollo económico y agroindustrial de cada región.

CAPÍTULO 4. PLANES DE FINANCIAMIENTO DE EMPRESAS

Artículo 81: El gobierno debe apoyar los proyectos empresariales de emprendimiento que presenten cierto nivel de calidad para que sea competitivo con mercados extranjeros y así exportar productos que sean realmente buenos (similar al programa Edmund Hillary de Nueva Zelanda).

TÍTULO VIII

DE LOS ORGANISMOS DE CONTROL

CAPÍTULO 1. DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Artículo 82: La vigilancia de la gestión de bienes públicos corresponde al representante de cada región, que tendrá el deber de comunicarle las inconformidades de cada región al Estado.

Artículo 83: El Estado accederá a intervenir en dichas inconformidades en un intercambio equitativo de bienes.

CAPÍTULO 2. DEL MINISTERIO PÚBLICO

Artículo 84: El procurador general de la Nación, por sí o por medio de sus delegados o agentes, en este caso representantes de grupos minoritarios, tiene las siguientes funciones:

  • Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
  • Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del defensor del pueblo.
  • Defender los intereses de la sociedad.
  • Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.
  • Velar por el ejercicio diligente y eficiente de las funciones administrativas.
  • Ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas, inclusive las de elección popular; ejercer preferentemente el poder disciplinario; adelantar las investigaciones correspondientes, e imponer las respectivas sanciones conforme a la ley.
  • Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas cuando sea necesario en
  • Rendir semestralmente informe de su gestión al Congreso y a los representantes de los diferentes estamentos.
  • Exigir a los funcionarios públicos y a los particulares la información que considere necesaria.
  • Las demás que determine la ley.

Artículo 85: Un auditor general, elegido por la Corte Constitucional, será el encargado de llevar un registro y control acerca de la productividad de trabajo y las horas laboradas de los funcionarios pertenecientes a la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.

Artículo 86: Según el control del auditor, dichos funcionarios públicos tendrán derecho a una remuneración económica de 60.487 pesos por hora de trabajo.

TÍTULO IX

DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

CAPÍTULO 1SOBRE EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COLOMBIA

Artículo 87: El modelo de desarrollo del país se debe soportar en los sectores económicos de primer sector sin demandar un uso intensivo de los recursos naturales y debe organizarse de modo que proteja la biodiversidad de Colombia. La utilización de los recursos naturales debe contemplar la sostenibilidad de sus actividades al transformar el uso del suelo y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, la salubridad pública, el patrimonio natural y la protección de las poblaciones vulnerables.

Artículo 88: Se adapta el modelo de desarrollo económico y de ocupación del territorio para proteger y administrar el uso de recursos materiales. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible. Además, deberá prevenir y controlar el deterioro ambiental, imponer las sanciones legales pertinentes y exigir la reparación de los daños causados.

La minería no debe practicarse en zonas ambientales estratégicas, como los páramos y los acuíferos.

La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados fundado en la utilización de los recursos naturales contemplando la sostenibilidad del patrimonio natural.

Artículo 89: La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá la explotación y consumo de los recursos naturales para racionalizar la economía sostenible relacionada con la sostenibilidad del medio ambiente explotado para conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo.

Se evitará crear excedentes y regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios. Se desmantela el Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinaban a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicaban para la promoción de la minería y para financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales.

La generación de excedentes debe destinarse exclusivamente a la restauración del medioambiente y a proyectos regionales.

Artículo 90: Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes que decreten local o departamentalmente métodos de extracción y comercialización de bienes y servicios que atenten contra el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales que garanticen un desarrollo sostenible.

La ley previene el exceso del promedio de las sobretasas existentes a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y de los recursos naturales renovables de acuerdo con los planes de desarrollo sostenible a nivel nacional.

La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del desarrollo sostenible. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación.

Artículo 91: El Estado está en la obligación de apoyar el acceso a tecnologías limpias y el mejoramiento integral de la calidad de vida de las comunidades vulnerables.

Se promoverán artículos constitucionales como el Artículo 331 de la Constitución de 1991: “Créase la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena encargada de la recuperación de la navegación, de la actividad portuaria, la adecuación y la conservación de tierras, la generación y distribución de energía y el aprovechamiento y preservación del ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables”, ya que contemplan las tecnologías y la explotación de los recursos energéticos renovables.

CAPÍTULO 2. CULTURA AMBIENTAL SOSTENIBLE

Artículo 92: Se implementará como parte del sistema educativo colombiano una cátedra ambiental que enseñe el respeto y la práctica para la protección del ambiente.

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, y los demás bienes y valores de la cultura.

Artículo 93: La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el derecho de gozar del medio ambiente y sus recursos.

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.

La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con el ambiente.

Artículo 94: Se fomentarán medidas de reciclaje lideradas y promovidas por los líderes municipales y departamentales con el incentivo de recibir los excedentes producidos para las obras.

Artículo 95: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Por lo tanto, es deber del ciudadano, del contralor general de la República, del procurador general de la Nación, de los Concejos y del Estado respectivamente:

  • Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano.
  • Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente.
  • Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente.
  • Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural de su municipio.
  • Proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, así como velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

TÍTULO X

ELECCIONES Y ORGANIZACIÓN ELECTORAL

CAPÍTULO 1. SOBRE EL SUFRAGIO Y LAS ELECCIONES

Artículo 96: El voto es un derecho y un deber ciudadano. En todas las elecciones los ciudadanos votarán secretamente en cubículos individuales instalados en cada mesa de votación, con tarjetas electorales numeradas e impresas en papel que ofrezca seguridad y que serán distribuidas oficialmente. La organización electoral suministrará igualitariamente a los votantes instrumentos en los cuales deben aparecer identificados con claridad y en iguales condiciones todos los candidatos. La ley podrá implantar mecanismos de votación que otorguen más y mejores garantías para el libre ejercicio de este derecho de los ciudadanos.

Parágrafo: Se podrá implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones. El voto electrónico se podrá aplicar en casos especiales y no en toda la población debido a la imposibilidad de controlar la veracidad y seguridad de los votos, además de que la mayoría de la población colombiana no tendría pleno acceso a la red necesaria para poder votar de manera virtual. Por todo esto, el voto electrónico solo deberá ser usado en casos especiales, tales como enfermos con la imposibilidad de salir del hospital, personas que trabajan muy lejos de su mesa de votación, etc.

Artículo 97: Las fuerzas públicas, es decir las fuerzas militares y policiales, tendrán el derecho a votar en las mismas condiciones que los civiles en una jornada especial de votación realizada un día antes de la jornada principal.

Artículo 98: Los ciudadanos eligen de forma directa presidente y vicepresidente de la República, senadores, representantes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales municipales y distritales, miembros de las juntas administradoras locales y, en su oportunidad, los miembros de la Asamblea Constituyente y las demás autoridades o funcionarios que la Constitución señala.

Artículo 99: La elección del presidente y vicepresidente no podrá coincidir con otra elección. La de Congreso se hará en fecha separada de la elección de autoridades departamentales y municipales.

CAPÍTULO 2. SOBRE LOS ENTES DE CONTROL ELECTORAL

Artículo 100: El Consejo Nacional Electoral se compondrá del número de miembros que determine la ley, que no debe ser menor a siete. Los miembros serán elegidos por el Consejo de Estado para un período de cuatro años a partir de ternas elaboradas por los partidos y movimientos políticos con personería jurídica. El Consejo deberá reflejar la composición política del Congreso. Sus miembros deberán reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y no serán reelegibles.

Artículo 101: El Consejo Nacional Electoral tendrá, de conformidad con la ley, las siguientes atribuciones especiales:

  • Ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral.
  • Elegir y remover al registrador nacional del estado civil.
  • Conocer y decidir definitivamente los recursos que se interpongan contra las decisiones de sus delegados sobre escrutinios generales y en tales casos hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales correspondientes.
  • Servir de cuerpo consultivo del gobierno en materias de su competencia, presentar proyectos de acto legislativo y de ley y recomendar proyectos de decreto.
  • Velar por el cumplimiento de las normas sobre partidos y movimientos políticos y de las disposiciones sobre publicidad y encuestas de opinión política, por los derechos de la oposición y de las minorías, y por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías.
  • Distribuir los aportes que establezca la ley para el financiamiento de las campañas electorales y para asegurar el derecho de participación política de los ciudadanos.
  • Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar.
  • Reconocer la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos.
  • Reglamentar la participación de los partidos y movimientos políticos en los medios de comunicación social del Estado.
  • Colaborar para la realización de consultas internas de los partidos y movimientos para la escogencia de sus candidatos.
  • Darse su propio reglamento.
  • Las demás que le confiera la ley.

Artículo 102: El registrador nacional del estado civil será elegido por el Consejo Nacional Electoral para un período de cinco años y deberá reunir las mismas calidades que exige la Constitución para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. No podrá ser reelegido y ejercerá las funciones que establezca la ley, incluida la dirección y organización de las elecciones, el registro civil y la identificación de las personas, así como la de celebrar contratos en nombre de la nación en los casos que aquella disponga.